"Los ciber están en tierra de nadie en este momento", sentencia el abogado querellante en el llamado caso Zakarach Christian Espejo, quien asegura que dichos recintos son muy vulnerables para la comisión de delitos sexuales contra menores, como el ocurrido en Puente Alto, donde una madre exponía a través de la red el abuso contra sus hijos a presuntos miembros de una red pederasta internacional.

El profesional cuestiona que actualmente no existe ningún reglamento que obligue a registrarse a quienes acuden a dichos locales, lo que dificulta enormemente las eventuales investigaciones policiales.

Para contrarrestar esa situación, en diciembre de 2007 el diputado Enrique Estay (UDI) presentó un proyecto de ley que obliga a exigir su cédula de identidad a quien quiera usar un computador en un cibercafé, y registrar su nombre, el equipo que ocupó y la fecha y hora en que lo hizo, conservando dicha información por un año.

Pero la iniciativa, que entrega la fiscalización a los municipios, está paralizada desde marzo de 2008 en la Cámara de Diputados, fecha en que registra como último trámite un informe favorable de la Corte Suprema.

"Creo que es fundamental darle celeridad a ese tipo de proyectos para la protección de la infancia. Estamos muy en pañales respecto de cómo se está atacando en forma permanente a nuestros niños, en distintas formas de delitos sexuales en Chile; hay poca conciencia al respecto. Y eso es lo más preocupante, porque esto se evita con prevención", afirma Espejo.

Coincide con él la abogada de la Liga Chilena Contra la Pedofilia, Joanna Heskia -también querellante en el caso de la red Paidos, que lideraba Rafael Maureira Trujillo, alias "Zakarach"-, quien explica que el mayor porcentaje de intercambio de pedofilia por internet se hace en los cibercafés.

"Con la extensión de internet, cada vez más gente tiene acceso a internet en su casa, entonces estos cibercafés van a ser cada vez más espacios que se utilizan para cosas que tú quieres que otras personas no vean", señala.

"No existen restricciones, no existe registro, entonces a la Brigada del Ciber Crimen le cuesta mucho, porque en el fondo tú puedes rastrear la dirección IP, llegar al cibercafé, pero saber quién va, es toda una operación de inteligencia", agrega.

El abogado Espejo acota que los cibercafés ofrecen "clandestinidad" para quienes pretendan cometer ilícitos, por ello a su juicio es necesario "tomar medidas de control a través de los locatarios, para saber qué sitios visitan (los clientes de sus locales) y a la vez qué información se trafica, y eso es posible de hacer".

"Esto está ocurriendo en Estados Unidos -donde, según él, en un año se registraron un millón de ataques pornográficos a menores a través de la red- hace más de diez años. El FBI hace celadas, inventa cibercafé para atrapar a estos sujetos, es una cuestión que en el mundo se está atacando muy fuerte", destaca.
 En municipios reconocen falta de fiscalización

Los cientos de cibercafés que funcionan en el Gran Santiago lo hacen gracias a patentes municipales de giros comerciales relacionados con Internet, ya sea el arriendo de equipos computacionales, servicio de Internet o simplemente con una patente comercial básica.

Para iniciar uno de estos negocios, sus dueños no necesitan presentar certificados de antecedentes penales o declaraciones juradas, como ocurre con las botillerías, bares, cervecerías o cualquier local donde se venda alcohol.

Los municipios les exigen acreditar la propiedad o arriendo del local donde van a funcionar, iniciación de actividades de Impuestos Internos y fotocopias del carnet de identidad, entre otros documentos.

En Peñalolén, por ejemplo, les piden además una autorización de la seremi de Salud y un instalador eléctrico autorizado por la SEC. En Conchalí deben tener extintores a la vista.

Las patentes municipales no distinguen entre un cibercafé o un centro de llamados con Internet, por eso en las comunas consultadas, como Puente Alto o Conchalí, no existe una diferenciación detallada de este tipo de locales.

Los municipios sostienen que son las policías y los inspectores municipales los encargados de fiscalizar este tipo de negocios, pero coinciden en que estos últimos sólo tienen facultad para chequear la vigencia de las patentes, y no las actividades que se lleven a cabo dentro de esos recintos. Reconocen además que en muchos casos la fiscalización es escasa, principalmente porque los inspectores son pocos.

Por: Ximena Pérez y Rodrigo Silva